“NECESIDAD DE SUPRIMIR EN EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE PRUEBAS PARA PROCESAR, LAS RESERVAS DE LEY”

Uno de los derechos naturales mas apreciados que el hombre tiene es la libertad (personal, locomotora etc.), por ello tal derecho está esparcido en diversas garantías constitucionales. En ocasiones ese derecho de libertad puede verse restringido por el Estado sin justificación legal cual debiera de ser, a pesar de existir un universo de instituciones y autoridades creadas jurídicamente para evitar ello. El presente trabajo toralmente se centra en un análisis del auto emitido por un juez penal en el plazo constitucional, mediante el cual dicta la libertad por falta de pruebas para procesar al inculpado debido a que las pruebas de la averiguación previa integrada por un Ministerio Público no constituyen datos suficientes (hasta ese momento) para tener por acreditado el cuerpo de un delito y/o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito achacado por dicho órgano investigador, cuyo fundamento legal es el artículo 249 del Código de Procedimientos Penales del Estado, empero en dicho ordenamiento legal, específicamente su segundo párrafo, da pie a que esa libertad no sea total dado que permite la posibilidad de que se proceda de nueva cuenta en contra del inculpado al facultar al Ministerio Publico para que en cierto periodo de tiempo haga llegar nuevas pruebas que ahora si culpen al sujeto puesto en libertad en un principio, es decir, da oportunidad al Ministerio Publico de que perfeccione su acusación. Lo anterior genera en el ámbito legal un conflicto, dado que ese articulado es inconstitucional puesto que se contrapone con algunas de las garantías de seguridad juridica a que todo gobernado tiene derecho, alterando la Supremacía Constitucional que debe de existir para que prevalezca el estado de derecho; además de generar al inculpado zozobra o incertidumbre de si le decreto la libertad o no, pues al quedar bajo las reservas de ley no se le está resolviendo real y definitivamente su situación jurídica en el momento procesal oportuno, debido a la prorroga de aplicación de la ley que se hace al suspender el proceso hasta el tanto el Ministerio Publico haga o no uso de la facultad antes descrita, trayendo también aparejado con ello un descrédito social que sufre el inculpado en el ambito social al que se encuentra inserto